La justicia no escapa al descrédito generalizado. Los ciudadanos y
las ciudadanas, comenzando por quienes dedican la vida al servicio de la
justicia, demandan
inequívocamente un esfuerzo profundo de mejora,
modernización y transparencia de nuestro sistema judicial. Carencias
tradicionales, sumadas a las nuevas exigencias de una sociedad cada vez
más dinámica y compleja y al incremento de la en el número de litigios,
hacen imprescindible acometer las reformas necesarias para ello.
Se persigue que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad,
con métodos más modernos y procedimientos menos complicados y que cumpla
satisfactoriamente su función de garantizar el derecho a la tutela
efectiva, tan necesario a la hora de que se ampare a los ciudadanos
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución o en las leyes (art. 8 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos).
Apostamos por una justicia que actúe como poder verdaderamente
independiente, participativo, unitario e integrado, garante de la
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y las ciudadanas, con una
estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le
permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales.
Todo ello conforma un reto de interés general que debe ser afrontado
con un proyecto global que acometa decidida y sistemáticamente el fondo
de los problemas y dote de coherencia, estabilidad y permanencia a las
múltiples reformas que resulten precisas. La justicia ha de ser
entendida como un servicio público de proximidad, ya que es la única
garante de los derechos de la ciudadanía y el límite de la arbitrariedad
institucional; un nuevo modelo de conjunto que trascienda intereses
coyunturales y excluyentes, y se asiente sobre soluciones integrales y
perdurables, con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos y
las ciudadanas, así como en los desafíos de la sociedad española
avanzada y democrática del siglo XXI
Es preciso acometer la modernización de nuestro sistema judicial para que cuente con más recursos materiales y humanos.
Por otro lado, urge reformar la ley de violencia de género, para que
otorgue una protección mayor a todas las mujeres que sufren maltrato, a
través de órdenes de alejamiento eficaces y de cumplimiento efectivo,
que persigan una verdadera protección de la víctima.
En sentido contrario, la anunciada reforma de la ley del aborto
supondrá, sin embargo, un retroceso en la autonomía de la mujer. Desde
el enfoque de los derechos humanos dicha reforma puede restringir las
garantías que permiten a las mujeres el disfrute pleno de sus derechos
sexuales y reproductivos.
Asimismo creemos que deben revisarse los principios sobre los que se
basa la justicia, pues esta no debe permanecer de espaldas a los avances
científicos (neurociencia, psicología cognitiva y genética) que nos
ayudan a entender el comportamiento humano.
