Reforma de la justicia

La justicia no escapa al descrédito generalizado. Los ciudadanos y las ciudadanas, comenzando por quienes dedican la vida al servicio de la justicia, demandan

inequívocamente un esfuerzo profundo de mejora, modernización y transparencia de nuestro sistema judicial. Carencias tradicionales, sumadas a las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica y compleja y al incremento de la en el número de litigios, hacen imprescindible acometer las reformas necesarias para ello.
Se persigue que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados y que cumpla satisfactoriamente su función de garantizar el derecho a la tutela efectiva, tan necesario a la hora de que se ampare a los ciudadanos contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en las leyes (art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Apostamos por una justicia que actúe como poder verdaderamente independiente, participativo, unitario e integrado, garante de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y las ciudadanas, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales.
Todo ello conforma un reto de interés general que debe ser afrontado con un proyecto global que acometa decidida y sistemáticamente el fondo de los problemas y dote de coherencia, estabilidad y permanencia a las múltiples reformas que resulten precisas. La justicia ha de ser entendida como un servicio público de proximidad, ya que es la única garante de los derechos de la ciudadanía y el límite de la arbitrariedad institucional; un nuevo modelo de conjunto que trascienda intereses coyunturales y excluyentes, y se asiente sobre soluciones integrales y perdurables, con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, así como en los desafíos de la sociedad española avanzada y democrática del siglo XXI
Es preciso acometer la modernización de nuestro sistema judicial para que cuente con más recursos materiales y humanos.
Por otro lado, urge reformar la ley de violencia de género, para que otorgue una protección mayor a todas las mujeres que sufren maltrato, a través de órdenes de alejamiento eficaces y de cumplimiento efectivo, que persigan una verdadera protección de la víctima.
En sentido contrario, la anunciada reforma de la ley del aborto supondrá, sin embargo, un retroceso en la autonomía de la mujer. Desde el enfoque de los derechos humanos dicha reforma puede restringir las garantías que permiten a las mujeres el disfrute pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo creemos que deben revisarse los principios sobre los que se basa la justicia, pues esta no debe permanecer de espaldas a los avances científicos (neurociencia, psicología cognitiva y genética) que nos ayudan a entender el comportamiento humano.