jueves, 6 de septiembre de 2012

EL BBVA QUIERE DEJAR EN LA CALLE A UNA FAMILIA CON DOS HIJOS EN ALCORCÓN


Acción de stopdesahucios, el jueves 6 de septiembre a las 8h. C/ Mayor 70, de Alcorcón
A finales de 1999, Lucía Intriago llegó a tierras españolas procedente de su Ecuador natal, como centenares de miles de compatriotas, en busca de un trabajo digno. Lo consiguió como limpiadora. Un año después hizo lo mismo Franklin Cevallos, con el que tiempo después formaría una familia. Franklin trabajaba como albañil en el pujante sector de la construcción. Con ambos sueldos adquirieron una hipoteca con el BBVA para comprar una vivienda en el número 70 de la calle Mayor de Alcorcón. La letra mensual escaló desde los 800 euros iniciales hasta los 1.280, una cuantía que, sumada a la manutención de sus dos hijos, que en la actualidad tienen 17 y 10 años, afrontaban a duras penas.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome del sector de la construcción dejó sin empleo a Franklin en enero de 2009. Afortunadamente, lograron que el BBVA accediera a negociar la cuantía de las cuotas fijando una horquilla de entre 500 y 800 euros que, finalmente, se estableció, por presiones del banco, en 800. La suma de la prestación de desempleo de Franklin y los 900 euros mensuales que ingresaba por su trabajo Lucía apenas daba para mantener a la familia y pagar de forma muy irregular la letra del piso y el banco se negaba a reducirla a 500 euros.
Finalmente, el BBVA inició un procedimiento de desahucio gracias al cual se adjudicó la vivienda de Franklin y Lucía por el 60% de su valor (138.000 euros). Durante el proceso, Franklin ha encontrado un empleo, a pesar de lo cual la entidad bancaria se ha negado en todo momento a negociar con la familia nada que no sea el inmediato desalojo de su hogar.
Si no lo impedimos, el próximo jueves 6 de septiembre, Franklin, Lucía y sus dos hijos, se verán en la calle. La Asamblea del 15M de Alcorcón y la PAH han organizado una acción solidaria de apoyo y de resistencia para intentar que, al menos, la entidad bancaria acceda a cancelar la deuda requerida y a conceder un alquiler social que les permita seguir viviendo en su casa.