Para la formación no es una coincidencia que las empresas citadas en los “Papeles de Bárcenas” hayan sido beneficiarias del Plan de Infraestructuras Sanitarias en Madrid (entre 2004 y 2011). En el informe que ha presentado esta mañana ante la Fiscalía, a través de su coportavoz federal Juan López de Uralde y su coportavoz madrileña Inés Sabanés, EQUO también denuncian el aumento del canon anual a las concesionarias, así como un posible tráfico de influencias en dicho proceso.
EQUO defiende que tras el expolio de la sanidad pública madrileña existe una extensa red de intereses privados y partidistas. Las sospechas se han confirmado tras la publicación de los “Papeles de Bárcenas” en los que aparecen las empresas Sacyr-Vallehermoso, OHL, FCC, constructora Hispánica y Ploder, todas ellas beneficiarias de las privatizaciones de seis hospitales públicos madrileños. De confirmarse las donaciones al PP, éstas violarían la Ley de Partidos, no sólo por sobrepasar la máxima cantidad legal sino por realizarlas empresas con contratos en vigor con la Administración.
En el escrito presentado ante la Fiscalía, EQUO hace referencia a otras irregularidades, como las posibles en la concesión de laboratorios clínicos a empresas privadas. Entre ellas destaca Unilabs, a la que más tarde pertenecería el por aquel entonces consejero de sanidad, Juan José Güemes. El documento además menciona la externalización de servicios no sanitarios a la UTE de Dragagados, ACS, Boris Land Lease y Sufi, a la cual la Comunidad de Madrid pagó 11 millones de euros de más.
Por último, EQUO denuncia el aumento del canon anual establecido en 2010 para la gestión de los seis hospitales privatizados. Un acuerdo que sirvió para incrementar en dos millones anuales la aportación pública a las concesionarias, con la coartada de restablecer el equilibrio económico. A juicio de la formación política, las modificaciones se han hecho sin la necesaria transparencia ni garantías.
Para EQUO no sólo está en juego la calidad de un servicio público, sino la dignidad de la política madrileña, continuamente expuesta a escándalos. Además, considera que hay motivos de sobra para la denuncia, dados los perjuicios que el proceso ocasiona en las arcas públicas, el acceso de agentes externos e interesados a información privilegiada y la discriminación que sufre un servicio público en pos del interés privado.
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