Los partidos políticos
Equo y En Comu Podem presentaron la pasada semana una proposición No de ley
para programar el cierre progresivo de las centrales nucleares durante los próximos
años (entre 2020 y 2024) a medida que acaben las concesiones de explotación.
Cuando una central
nuclear es proyectada tiene un determinado tiempo de explotación. Esto es, sin
ambages, por los graves riesgos que conlleva operar una central de este tipo
que no esté en condiciones óptimas debido al paso de los años.
Durante el último par de semanas el país vive una crisis energética: no porque
en invierno haga frío, faltaría más, si no por el precio abusivo de la
electricidad. En este contexto en el que un gobierno atado de pies y manos
(gustosamente) por las grandes eléctricas no sabe qué hacer para que este
precio baje, el mero hecho de plantearse cerrar centrales nucleares les hace
entrar en pánico. Por sus cabezas, sobra decirlo, en ningún momento pasa la
inversión en renovables y autoconsumo acompañada de la desinversión en fósiles
y nuclear.
El Consejo de Seguridad
Nuclear, órgano que debiera ser independiente y velara por lo que su nombre
indica, lleva un largo historial de connivencias con el gobierno: desde la
localización del ATC (almacén de
residuos nucleares) hasta que hace dos días ha avalado la reapertura de Garoña.
Se abren interrogantes en
una de las letras de su acrónimo.
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